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El estudio reconoce, en primer lugar, que las declaraciones de actividad esencial relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el contexto de la crisis de la salud son consistentes con el mandato constitucional que establece el derecho fundamental al acceso a las TIC, obligando al Estado mexicano a brindar condiciones para el acceso universal.
Sin embargo, 7.7% de la población total no posee un teléfono inteligente, lo que afecta particularmente el acceso a las TIC de las personas en los niveles socioeconómicos más bajos.
Esta desigualdad es en parte consecuencia de los bajos ingresos de los hogares que les impiden tener teléfonos inteligentes. En promedio, según una muestra dentro de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, los hogares invierten 7.2% de sus ingresos en dispositivos móviles. Cuando se analiza por decil de ingresos, la proporción de gasto en teléfonos celulares de los hogares del decil más pobre es 3 veces mayor que la del decil más rico.
Además, 31% de las personas prefiere adquirir su teléfono inteligente en un lugar de compra que ofrece esquemas de pago diferido. De hecho, los compradores que adquieren teléfonos inteligentes a través de un esquema de pago diferido tienden a invertir más en dispositivos de gama alta que los que pagan en efectivo. Esto sugiere que la financiación de teléfonos móviles puede tener un impacto positivo en la propiedad de teléfonos inteligentes con mejor conectividad y mejores capacidades de procesamiento.
Considerando que los bajos ingresos y la falta de esquemas de pago diferido impiden una adopción universal de los teléfonos inteligentes, el estudio propone que el gobierno mexicano juegue un papel más activo a través de los siguientes mecanismos:
1. Política fiscal que reduce el precio final al consumidor.
2. Subsidios del gobierno para promover la adopción en grupos sociales específicos.
3. Préstamos públicos de bajo costo para promover la adopción y el gobierno como aval solidario de préstamos privados.
4. Una política de asequibilidad de las TIC
