RESUMEN EJECUTIVO
El gobierno mexicano enfrenta una mayor demanda de interacción a través de internet por parte de la población. Esto indica la necesidad de una mayor inversión pública en equipar al la Administración Pública con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Pese a lo anterior, la proporción de gasto público en bienes y servicios TIC tiende a disminuir en el periodo de análisis entre 2018 y 2023.
Al segundo trimestre de 2023, el valor nominal del presupuesto destinado a TIC incrementó en $1.40 miles de millones de pesos (mmdp), alcanzando así un monto modificado de $34.91 mmdp para gasto en bienes y servicios TIC.
De dicha suma, 71.3% corresponde a aproximadamente 19% de los ramos administrativos analizados en este documento. Tan sólo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) corresponden 15.8%, 13.1% y 12.6% respectivamente del total asignado a TIC.
Asimismo, cuatro servicios representan 59.5% de monto modificado de presupuesto TIC, lo que equivale a una cifra nominal de $29.78 mil millones de pesos: “Arrendamiento de equipo y bienes informáticos”, “Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas”, “Servicios integrales de infraestructura de cómputo”, y “Servicios de conducción de señales analógicas y digitales”
El monto modificado del presupuesto TIC a mitad de 2023, permite anticipar una recuperación respecto al gasto de 2022, pues se registra una tasa real de crecimiento anual de 25.5%.
Pese a esta recuperación aún no se alcanzan los niveles de gasto TIC del pico de 2018 y, adicionalmente, a mitad de 2023, sólo se ha pagado lo equivalente a una tercera parte del presupuesto TIC.
Para evitar la desatención ciudadana por la vía digital, y como medida inicial, resulta crucial recuperar los niveles de gasto público TIC que se habían logrado en 2018, mismos que corresponde a 0.69% del Gasto Programable Total.
Asimismo, dadas las prioridades de la agenda pública nacional se requiere una mejor distribución de los recursos en los distintos ramos administrativos, especialmente en aquellos dedicados a derechos humanos, transparencia, procuración de justicia y cultura.
Por otro lado, resulta importante fortalecer la inversión pública en software y servicios de internet, mismos que sólo acaparan el 1.3% y 0.9% del presupuesto TIC y que son elementos cruciales para explicar la productividad de los servidores públicos.
